Establecen en Chihuahua protocolo para trabajo de periodistas

Ciudad Juárez, México, agosto 5.- Directivos de medios de comunicación, la sociedad de periodistas y el estado de Chihuahua establecieron este día el nuevo protocolo con el que los reporteros de la entidad trabajarán, a fin de evitar agresiones en su contra.

En la elaboración del documento participan el secretario general de Gobierno, Sergio Granados Pineda; el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, y representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

La finalidad, según explicaron, es evitar más incidentes donde comunicadores resulten lesionados o intimidados al momento de ejercer su labor periodística, además se estableció que las empresas deben otorgar chalecos antibalas a sus empleados.

En dicho protocolo se estableció que los reporteros que cubran un hecho violento deben usar chaleco antibalas y casco; además de prohibir acercarse a una escena del crimen antes de que arriben las fuerzas del orden.

Asimismo, estacionar un vehículo en un lugar que permita un escape rápido, no acercarse a 20 metros del lugar en el que ocurrió el hecho y llevar un mapa de la ciudad, por si hay que buscar una salida de emergencia.

Se sugiere contar con un botiquín de primeros auxilios, y el compromiso de que se realicen investigaciones prontas y transparentes sobre las agresiones y homicidios de periodistas.

El nuevo protocolo con el cual deben trabajar los reporteros en Chihuahua será evaluado por especialistas en cuestión de seguridad y se espera que sea aprobado por el Congreso local a finales de año, para que en 2011 se trabaje de esa manera en el estado.

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Fuente: www.notimex.com.mx

Reporteros sin protección

José Gil Olmos

México, agosto 4.- La falta de protección a periodistas mexicanos que cubren los distintos conflictos que ha vivido el país, y que van desde los armados y sociales en los años setenta, hasta los vinculados con el narcotráfico en las últimas fechas, lamentablemente no es nueva.

Ni los dueños o directivos de los medios, y mucho menos el Estado, se han preocupado por dar garantías a los reporteros que cubren hechos donde el riesgo a perder la vida es muy alto.

El secuestro de cuatro reporteros en Durango fue, tristemente, el motivo que originó la reacción de los directivos de medios con cobertura nacional -Televisa y Milenio- exigiendo protección para sus trabajadores, cuando esta situación de alto riesgo para los reporteros mexicanos lleva ya ocho años.

Desde 2002 a la fecha, según datos de la organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF), han sido asesinados 69 periodistas mexicanos, mientras que 11 se encuentran desaparecidos. La mayoría son reporteros de medios locales y sus casos apenas han sido atendidos por medios nacionales de una manera ocasional y hasta marginal.

Sólo durante el gobierno de Felipe Calderón, 38 comunicadores han muerto o desaparecido -10 de ellos en 2010-, de acuerdo con estadísticas de RSF.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de esos casos ha sido investigado a fondo y sus responsables han quedado protegidos por la impunidad, pese a que en la Procuraduría General de la República se creó una fiscalía especial, y una visitaduría especializada para reporteros en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

No obstante, la llamada narcoviolencia ya trascendió a los medios locales de información. Sus reporteros han sufrido por años amenazas de muerte para ellos y sus familias, así como levantones, secuestros, hostigamiento y presiones para publicar o dejar de publicar informaciones de algunos grupos del crimen organizado.

Ello se está resintiendo apenas en los medios informativos de cobertura nacional, que no se han preocupado por atender esta situación de peligro, dejando a la deriva a sus reporteros y enviándolos a cubrir hechos violentos sin contar con un protocolo de seguridad y mucho menos con seguros de vida.

Televisa trató con sumo cuidado y sigilo el caso de su reportero Héctor Gordoa hasta que fue puesto en libertad, bajo la condición de que se trasmitieran unos videos con un mensaje de los secuestradores, presuntamente del cártel de Sinaloa.

Denisse Mearker, conductora del programa "Punto de Partida", para el cual trabaja el reportero, decidió suspender la transmisión como forma de protesta.

No sucedió los mismo con Milenio, pues además de pasar los videos, tomó un papel protagónico y hasta trasmitió en vivo, en su canal de televisión, la liberación de sus dos reporteros, elogiando el operativo encabezado por el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ha sido cuestionado por la increíble fuga de los captores y, además, está bajo la sospecha de que todo se debió a una negociación.

Ese medio de comunicación protestó de inmediato por el atentado contra sus trabajadores. Sin embargo, en días pasados un alto directivo del consorcio Multimedios declaró que los periodistas que en algún momento fueron atacados o asesinados, seguramente estaban vinculados con el crimen organizado y que por ello no deberían tener un blindaje especial por el trabajo que realizaban. Hoy este directivo de Milenio ha guardado silencio.

La insensibilidad y hasta la mezquindad del gremio periodístico se ha mostrado de distintas formas en este caso. Ningún directivo o dueño de los medios instalados en el Distrito Federal fijó una posición y algunos otros publicaron el secuestro a pesar de que hubo una petición de no hacerlo mientras estaban en curso las negociaciones.

En el caso de Milenio, lo difundió de manera histriónica exigiendo la participación del Estado. Ahora sabemos que por lo menos el director editorial adjunto, Ciro Gómez, habló por teléfono con Felipe Calderón, quien por cierto no hizo un pronunciamiento particular sobre el secuestro de los periodistas.

El plagio de los cuatro reporteros mostró la división, el protagonismo, la competencia mal entendida, los intereses políticos y comerciales, y otras deficiencias que existen entre los medios de comunicación en México, muchas de ellas provenientes no sólo de los reporteros, sino principalmente de los dueños y directivos.

A raíz de este caso salió a relucir la forma en que los medios colombianos enfrentaron de manera unificada el narcotráfico, sólo que no se ha entendido que no fue por un afán de los reporteros como se llegó a acuerdos entre los medios más importantes de Colombia, sino a través de los dueños de la prensa.

Fue hasta que comenzaron a golpear, asesinar, secuestrar, extorsionar y amenazar a los dueños y directivos de la prensa colombiana como su actitud cambió.

Miembros de la clase política y gobernante de ese país, los empresarios de los medios vieron afectados sus intereses particulares, su seguridad y la de su familia, por eso tomaron una posición y establecieron políticas comunes de publicación, mientras que el gobierno colombiano creó un fondo económico para tomar casos urgentes de periodistas amenazados.

Antes de eso, el narcotráfico, especialmente el cártel de Pablo Escobar, ya había cobrado la vida de periodistas colombianos y no pasaba nada.

Una situación similar ocurre en México. Hasta ahora que se sintieron vulnerables, algunos directivos de los principales medios de comunicación han empezado a cambiar de actitud y de posición.

El próximo sábado 7, a las 12:00 horas, por primera vez en la historia del periodismo en el Distrito Federal, se realizará una manifestación silenciosa de reporteros, en protesta por las agresiones y asesinatos perpetrados recientemente contra el gremio en los últimos ocho años.

Sin embargo, esta protesta tendría que ser no sólo por los ataques a los periodistas, sino por las agresiones contra toda la sociedad, es decir, por los 900 menores de edad muertos en esta guerra errática, por los 28 mil ejecutados, por las viudas y huérfanos y, también, por los secuestros y extorsiones. En fin, por el terror y la inseguridad que se vive en el país.

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Fuente: www.proceso.com.mx

La Guerra en los Medios

Alejandro Gertz Manero

Cuando el Presidente le declaró la guerra al crimen organizado, abrió también un frente mediático que le fue muy favorable desde el momento en que publicitó ampliamente su orden para que el Ejército hiciera presencia relevante en las ciudades más asediadas por la violencia; estrategia que lo llevó a un nivel de aceptación nacional que permitió equilibrar momentáneamente los cuestionamientos sobre la transparencia y la legitimidad del proceso electoral que lo condujo al poder.

Los estrategas gubernamentales que organizaron ese montaje mediático cayeron seducidos por su propia trampa en razón de la aparente fuerza política de esa propaganda, sin medir que cualquier proyecto publicitario puede colocar momentáneamente un producto comercial o político en el mercado, pero que éste no se va a poder sostener si no tiene fuerza propia y calidad en su oferta.

Cuando el gran impacto publicitario empezó a aminorar y aparecieron las consecuencias de un programa de seguridad que no tenía sustento real para obtener resultados favorables en la vida cotidiana de cada mexicano, dicho proyecto mediático empezó a revestirse en contra, ya que el Ejército mexicano no podía, ni por su número ni por su vocación profesional, hacer las tareas de casi 500 mil elementos policiacos y de seguridad de todos los niveles que, evidentemente, estaban en buena parte coludidos con los delincuentes, lo cual empezó a ser cada día más evidente tanto en los medios como en la población.

La escalada publicitaria de esta "guerra" ha sido abrumadora desde el ángulo oficial, con mensajes permanentes de carácter institucional y con una cobertura periodística y televisiva al mayor nivel, en cualquier caso que le pudiera ser favorable a las funciones del gobierno; pero esa estrategia también empezó a motivar la respuesta de las estructuras criminales, que comenzaron a acallar a los medios y a perseguir a cualquier periodista que de buena fe y en cumplimiento de sus funciones, o por motivos inconfesables, estuviera exhibiendo la violencia cotidiana que ha invadido al país.

De esa forma, los periódicos y medios en la frontera norte fueron silenciándose y, al hacerlo, provocaron un fenómeno paralelo de información a través de internet y twitter, que ha sustituido a la prensa formal, generando, muchas veces, verdaderos aludes de mensajes que han motivado el pánico colectivo, inmovilizando y paralizando ciudades enteras, tanto en la frontera como en el estado de Morelos; convirtiéndose también en verdaderos tribunales populares, como ocurrió con la muerte de una pequeña criatura en el Estado de México.

Esta guerra de información llegó a una de sus peores crisis hace unos cuantos días, cuando fueron secuestrados varios periodistas de medios nacionales, con objeto de obligarlos a publicar mensajes de la propia delincuencia, como había ocurrido días antes, cuando la colusión entre las autoridades carcelarias de Durango y un grupo de criminales, fue exhibida en la radio y en todos los ámbitos de la comunicación a instancias de otro grupo delincuencial, obligando al gobierno a reconocer que, desde los penales, las autoridades organizan a la delincuencia y propician el secuestro, la extorsión y las ejecuciones, dando uno de los ejemplos más descarnados de la corrupción y del deterioro al que han llegado nuestras instituciones.

Ante el secuestro de esos reporteros, las grandes estructuras nacionales de comunicación masiva reaccionaron con justa razón para expresar con toda claridad y contundencia el repudio a lo que está ocurriendo, y como consecuencia, los primeros periodistas secuestrados fueron puestos en libertad por sus captores, y los que restaban fueron rescatados por la policía federal sin haber detenido a los secuestradores y sin una explicación clara de cómo se había realizado ese operativo, pero que sí se utilizó para protagonismos y lucimientos personales que deberían ser inadmisibles ya que, por otra parte, no hay quien se quiera responsabilizar por miles de muertes, secuestros escandalosos, atentados políticos y por toda la violencia que vÍctima al país entero.

Esta nueva escalada de la guerra en que está inmerso nuestro país ahora ha llegado también a la Prensa, a la Radio y a la Televisión y, fundamentalmente, a cada uno de los mexicanos, a los que se nos quiere negar la posibilidad de saber la verdad de lo que ocurre y quiénes son los responsables de esta debacle, y es ahí donde la acción contundente de muchos periodistas que dieron la cara para defender a sus compañeros, ahora tendrán que refrendarla permaneciendo en las trincheras de la verdad, de la transparencia y de la rendición de cuentas, para que en México podamos contar con un periodismo que no permita ni la extorsión de los criminales, ni la propaganda manipuladora de los irresponsables y los corruptos.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

RSF: julio fue un mes trágico para la prensa

París, Francia, agosto 4 (EFE).- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) calificó ayer de "trágico" para la prensa en México el pasado mes de julio tras la desaparición del director del semanario La Opinión, Ulises González García, y el exilio a Estados Unidos del periodista Martín López Castro, del Canal 44.

"El alivio suscitado por la liberación de cuatro periodistas secuestrados el pasado 26 de julio en la región de Gómez Palacio, en el estado de Durango, no ha durado mucho", declaró RSF en un comunicado en el que indicó que el suceso tiene lugar en un mes "particularmente dramático para la prensa", con otros dos asesinatos.

Exigen transparencia

Con los asesinatos en julio de Aurelio Martínez, reportero de la emisora XEDD Radio La Tremenda, y de Guillermo Alcaraz, vinculado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CDEH), ascienden a 67 los profesionales de los medios de comunicación asesinados desde 2000.

"Se debe hacer todo lo posible para encontrar el rastro" de Ulises González García, agregó Reporteros Sin Frontera, que pidió la "contribución de las autoridades" y "transparencia" en la investigación.

El riesgo de "pagar con su vida el ejercicio de su profesión lleva a cada vez más periodistas al exilio", aseguró RSF, que indicó que el periodista de la cadena Canal 44 Martín López Castro se vio obligado a refugiarse en la localidad tejana de El Paso, en EU, tras descubrir unas pintadas "que le amenazaban con decapitarlo".

 

"Pedimos a los servicios de inmigración de Estados Unidos que accedan, llegado el caso, a la solicitud de asilo de este periodista tal como ya hicieron anteriormente con otros compañeros con el apoyo de Reporteros sin Fronteras", concluyó la organización con sede en París, Francia.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

Darán a reporteros chalecos blindados

Chihuahua, México, agosto 4.- Antes de un protocolo de protección y seguridad para los periodistas, es urgente la solidaridad en el gremio; que los medios nacionales se solidaricen con los estatales que sufren constantes ataques y amenazas del crimen organizado, coincidieron directores y empresarios del ramo de la información en Durango.

A raíz de la escalada de violencia que padece Chihuahua, comunicadores y funcionarios estatales se unieron para crear un "Protocolo de Seguridad para Periodistas", que en unos días entrará en vigor y al que se sujetaran, de manera voluntaria, los medios locales. 

Entre las reglas o medidas destaca que los medios de comunicación pondrán a disposición de sus reporteros chalecos antibalas, a fin de evitar resultar heridos al momento de efectuar sus asignaciones informativas. Para la elaboración del protocolo se tomaron como base documentos internacionales sobre el tema e incluso estándares de cobertura de guerra. 

Al respecto, el director de Noticiarios del Canal 12, en Durango, Heber García Cuellar, consideró que más importante que el protocolo de seguridad es la unión en el gremio.

Destacó que en el país, no existen garantías para ejercer el oficio periodístico, de ahí la necesidad de establecer protocolos éticos, de seguridad y protección, pero, subrayó que "el problema de entrada es que no existe una solidaridad gremial, ya que a los medios locales se les ha dejado solos ante las agresiones, intimidaciones y asesinatos que han sufrido".

García Cuéllar aludió a la necesidad de tomar modelos como los utilizados en Colombia, para integrar un bloque que permita contrarrestar las zonas donde, ante la ola de violencia, se ha dejado de reportear.

Al respecto, Sergio de la Parra Juambelz, director de El Siglo de Durango, coincidió en que es necesaria la unidad en el gremio, "el estar unido nos podrá demostrar que obtendremos los resultados esperados".

En Guerrero, los periodistas urgieron al Congreso local que legisle por una ley que castigue los agravios en su contra.

El dirigente sindical de Redactores de la Prensa, sección 25, Cecilio Molina Martell, subrayó que los periodistas de Guerrero ya no pueden ser libres para cubrir determinada información, porque luego reciben amenazas de muerte y no hay una ley que castigue los agravios.

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Fuente. www.eluniversal.com.mx

Editorial 'El Universal': Primer paso para proteger periodistas

Agosto 3.- Publicar información sobre cárteles en Durango, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros lugares significa apostar la vida, ¿se puede confiar en las autoridades locales para proteger a los reporteros frente al hampa? Los funcionarios federales insisten en que sí, como si no supieran que son precisamente las autoridades locales las que, en vinculación con el narcotráfico, son responsables de la mayoría de las agresiones contra periodistas.

La Procuraduría General de la República tiene la visión de que la solución frente al acoso que sufren los periodistas es fortalecer a las autoridades locales porque es ahí donde se podría conseguir una respuesta más rápida y eficaz a las denuncias. Los hechos recientes, sin embargo, refutan la hipótesis.

El secuestro de cuatro de periodistas la semana pasada en Gómez Palacio, Durango -para obligar a Milenio y Televisa a difundir videos del narco- demuestra que las autoridades estatales están rebasadas por el crimen organizado, sino es que infiltradas a tal punto que la denuncia en ese ámbito resulta también un riesgo.

Por desgracia la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, órgano de la PGR, supone que 80% de los crímenes son en realidad delitos comunes no vinculados con la profesión de las víctimas. Son las especulaciones de una fiscalía legalmente acotada para investigar los casos, imposibilitada de tener injerencia en las investigaciones e incompetente para atraer la mayoría de los asuntos -90%- del fuero común. ¿Cómo establece conclusiones sin pruebas del móvil de los crímenes y sin detenidos? Parece una obsesión por lavarse las manos.

Si el crimen organizado se mueve a nivel federal, sus acciones contra los periodistas deben considerarse también delitos federales. Es la tendencia mundial. El propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, atribuyó el secuestro de la semana pasada al Cártel de Sinaloa. ¿La procuraduría de Durango habría podido rescatarlos? Obvio no.

Ahora que los medios nos hemos visto obligados a unir esfuerzos y construir solidaridad de cara a las agresiones del narco, habría que colocar como primera exigencia la federalización de los delitos contra los periodistas y el robustecimiento de las instituciones responsables en la materia. A la luz de un futuro cada vez más incierto debemos insistir en esta demanda.

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Serpientes y Escaleras: ¿La palabra o la vida?

Salvador García Soto

Francamente no hay dilema entre callar y no callar ante la ola de violencia que vive la sociedad mexicana, no debe haberlo; el periodismo no puede callar, así este amenazado, amedrentado, acosado. Si el periodismo y los periodistas callan se están sometiendo a quienes usan la violencia y la fuerza para acallarlos; si el periodismo y los periodistas callan están faltando a su razón de ser, le están fallando a la sociedad a la que se deben y para la que existen.

Dejar una pantalla en negros, una columna vacía o una frecuencia en silencio es renunciar por miedo —entendible y razonablemente humano— al deber profesional. Decir que no se habla de un tema "para preservar la vida" es caer en el juego del chantaje, es entregar la palabra, principal herramienta del periodismo a los criminales. Si ellos ya tienen en sus manos la vida y el miedo de millones de mexicanos a los que han sometido, y ahora se les entrega la palabra, no habrá ya posibilidad de denunciarlos, de exhibirlos, de mostrarlos en su monstruosa pequeñez.

Un medio que se autocensura para no transmitir una noticia de un secuestro, sea porque involucra a un político poderoso o porque el secuestrado es un reportero suyo, es un medio que se está replegando ante el poder de los criminales. Puede doblarse el periodista, el que ve amenazada directamente su vida y que, ante las amenazas, las agresiones y el acoso, no siente respaldo ni de su empresa ni del Estado para garantizarle su libre ejercicio profesional.

En esos casos, los individuales, puede entenderse la decisión de salirse de la cobertura de ciertos temas como el narcotráfico cuando eso claramente pone en riego su vida; el periodista tiene que correr los riesgos que conlleva la profesión, pero tampoco está obligado a ser un héroe cuando ni el medio para el que trabaja ni el gobierno que debe proteger su ejercicio le dan las garantías suficientes para trabajar. Y aún así hay decenas de casos de periodistas mexicanos que no quisieron callar y siguieron haciendo su trabajo, aunque eso les costó la vida.

Pero cuando un medio, con todo su poder, decide callar, entonces está faltando a la ética y al deber ser como institución que se debe a la sociedad. Porque si esos medios tienen poder para otras cosas -intimidar a políticos, sacar millones en publicidad o imponer sus agendas e intereses al país- lo tienen también para defender la vida de un trabajador suyo y denunciar a los criminales.

Presiona mucho más un medio que denuncia, que difunde, que documenta y exhibe a los agresores y a los criminales que atentan contra la sociedad, sean ciudadanos comunes o reporteros o políticos empoderados, que uno que guarda silencio como supuesta protesta. Esa es una acción vistosa, llamativa y hasta algo dramática, pero al final demagógica y antiética.

Algo anda muy mal cuando los periodistas se convierten en noticia; algo no está funcionando cuando el Estado no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos comunes, que viven atrapados en el miedo y la incertidumbre, y cuando los reporteros y comunicadores, ciudadanos también, tienen que callarse o difundir los mensajes que les piden los criminales como condición para salvar la vida. Algo en el concepto de Estado no funciona cuando el dilema se vuelve: ¿la palabra o la vida?

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Periodistas, desprotegidos ante riesgos de violencia

México, agosto 2.- A pesar de que México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, no existe una política de Estado que garantice su protección o permita reducir los riesgos en el ejercicio de la profesión.

En los medios de comunicación -en general- no hay protocolos de seguridad que se apliquen para la cobertura de temas de alto impacto, como el narcotráfico y la delincuencia organizada; las medidas son aisladas e insuficientes para impedir que siga en aumento la cifra de víctimas y para garantizar la libertad de expresión. Este es el diagnóstico que hacen varios de los principales organismos de derechos humanos y de protección a periodistas.

"Asesinados o desaparecidos", en esta lista están 38 comunicadores en lo que va del sexenio -diez de ellos en los meses que han transcurridos en 2010-, de acuerdo con estadísticas de Reporteros Sin Fronteras, que contabiliza 69 homicidios de periodistas de 2002 a la fecha y 11 cuyo paradero se desconoce desde 2003. Casi todos están impunes.

Un panorama al que se suma el secuestro de cuatro reporteros y camarógrafos en Durango -el 26 de julio pasado-, por órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. Las víctimas fueron elegidas por su oficio, para canjear su libertad por la difusión en medios de comunicación de los mensajes e información de la organización, en una estrategia de propaganda criminal.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización con sede en Nueva York que se dedica a la defensa de la libertad de expresión en el mundo, advierte que México "es uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico".

Carlos Lauría, el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, asegura que "el gobierno de México no ha cumplido con su papel y sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. El gobierno debe garantizar la protección del derecho humano básico a la libertad de expresión… [pero] ha fracasado al investigar y procesar los crímenes contra periodistas, incluyendo los más de 30 casos de periodistas asesinados y desaparecidos desde que asumió el presidente Felipe Calderón", según investigación del CPJ.

Responsabilidad compartida

El presidente para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, sostiene que "no hay una política en México para enfrentar de manera eficiente el riesgo en el que están los periodistas, ni sancionar e identificar a los responsables de las amenazas, persecución y asesinatos de los que son víctimas a lo largo y ancho del país".

Dice que el único esfuerzo institucional tangible fue la creación, en febrero de 2006, de la Fiscalía para Delitos contra Periodistas en la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, criticó que esta área investigadora no cuenta con los recursos ni las facultades para operar con eficacia, "pues de lo contrario su existencia ya habría tenido algún impacto para revertir esta tragedia que se vive en México con sus comunicadores".

México carece de una estrategia institucional. Ni siquiera los medios de comunicación tienen protocolos de seguridad para impedir los riesgos a los que están expuestos sus reporteros, señala Vivanco. "Los medios mexicanos hacen lo que pueden, pero tengo la impresión de que han reaccionado bajo la premisa de 'sálvese quien pueda', no han logrado adoptar medidas coordinadas, son acciones aisladas y no se trata de un protocolo que revierta los riesgos de investigar y publicar sobre la delincuencia organizada".

Al respecto, Carlos Lauría dice que "la falta de respuesta de gobierno crea condiciones en la que prevalece la impunidad. Pero los medios tienen que operar en este clima de temor e intimidación y ellos mismos tienen la responsabilidad de hacer todo lo que esté a su alcance para minimizar el riesgo para reporteros trabajando en situaciones de violencia". Los periodistas mexicanos están pagando "un precio altísimo por su trabajo", dice.

Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica, considera que uno de los aspectos que ha complicado la adopción de los protocolos de seguridad desde los medios de comunicación es el hecho de que ello implica tiempo y el destinar recursos económicos. Sin embargo, considera que esto no es un argumento válido porque al final resulta en mayor beneficio para las empresas y los periodistas; estos últimos también deben asumir totalmente su responsabilidad.

"Sin esta responsabilidad compartida de los periodistas no es posible aminorar los riesgos", dice Ramírez, cuya organización trabaja alrededor del mundo en la promoción y defensa de la libertad de expresión y derechos humanos.

De acuerdo con el último informe elaborado por Artículo 19 sobre la situación de riesgo de los periodistas en México, luego de consultar con 17 de los diarios más importantes sobre los protocolos de seguridad adoptados ante las coberturas informativas en zonas de alto riesgo, 70% respondió que no contaba con éstos; el resto dijo que sus sistemas de protección eran laxos y otro tanto que ello era responsabilidad de los periodistas y no de los medios de comunicación.

El ejemplo del extranjero

Pero también expresa que dentro de la protección a los periodistas y al ejercicio de su profesión hay un elemento fundamental y que es la responsabilidad del Estado en este ámbito.

"Lo que quiero decir es que se pueden tener los protocolos y manuales de seguridad, pero al final todo ello debe ir acompañado de una política pública en materia de protección para los comunicadores".

Por ejemplo, cita, en Colombia el Ministerio del Interior cuenta con un presupuesto suficiente y amplio para adoptar medidas urgentes ante casos de amenazas o ataques a periodistas, lo cual es la evidencia de que el Estado en ese país cuenta con una política este rubro.

Este programa atiende los casos de los comunicadores en riesgo el Estado se hace responsable de la integridad del periodista, incluso para sacarlo del país y colocarlo en una zona de seguridad que no puede garantizarle en su propio territorio.

"En México está aún muy lejano contar con un elemento de protección de este tipo, máxime si consideramos que la actuación de la fiscalía federal encargada del esclarecimiento y persecución de los responsables de ataques, atentados o desapariciones de periodistas, es casi nula o decepcionante". Notas sin firma del reportero que cubrió la información, no dar a conocer el nombre del fotógrafo que tomó la imagen, o dejar de publicar un hecho que podría generar represalias, son las medidas aisladas que han adoptado algunos medios de comunicación para proteger la integridad de sus comunicadores, pero que han sido insuficientes, dice Balbina Flores, la corresponsal que desde 2001 ha informado desde México a Reporteros Sin Fronteras la realidad que enfrentan los periodistas.

El trabajo y las investigaciones de Flores por distintas regiones del país, como en la frontera -donde el peligro es permanente-, la llevan a decir:

"No hay un mecanismo, ni protocolo que desde las redacciones ayuden al reportero a garantizar su seguridad cuando salen a las calles a trabajar para cubrir y dar a conocer la información, sin importar el estado del país en que se encuentre.

"En cada plaza en la que opera o no el narcotráfico hay una pregunta constante de los periodistas: ¿Qué hacemos para protegernos?" La respuesta, dijo, es establecer un protocolo básico de seguridad, en el que el periodista sepa que él y su familia cuenten con respaldo de su empresa y del gobierno.

¿Hacia dónde ir?

Cuando se pregunta a los expertos qué se debe hacer en México para la proteger la labor periodística hay varias propuestas.

Miguel Vivanco, de HRW, dice que es necesario crear un programa eficaz de protección para los periodistas en riesgo. Aunque advierte que una política de esta naturaleza implica costos, una gran inversión de recursos y la aplicación protocolos de seguridad hasta hoy inexistentes.

Colombia es el ejemplo más cercano al caso mexicano, en cuanto a los riesgos que enfrentan los periodistas en un territorio disputado por los narcotraficantes con su violencia inherente, y que ha logrado en la última década a través de una política de protección reducir los riesgos y amenazas contra los reporteros, que en los años 90 fueron el "blanco" de las organizaciones criminales, señaló el activista de HRW.

Detalló que en ese país existe un mecanismo de "alertas tempranas" que permite que en el momento en que las autoridades reciben una denuncia o tienen información de posibles riesgos contra la seguridad de un periodista.

La respuesta del gobierno se traduce -de acuerdo con las circunstancias- en medidas como la asignación de escoltas, vehículos blindados, aplicación de un programa de testigos protegidos y en casos extremos sacar del país al periodista y a su familia.

El elemento central

Para Darío Ramírez, de Artículo 19, el paradigma que se tiene que cambiar actualmente en el ejercicio del periodismo en México es el de la seguridad y el elemento central en el cual se basa este cambio es "la prevención".

El objetivo de este cambio, apunta, es la de disminuir o reducir el nivel de riesgo de los periodistas que cubren la información en situaciones de alto riesgo, como el narcotráfico y el crimen organizado. La prevención, dice, es la ventana de oportunidad para evitar agresiones o atentados contra periodistas.

"Sin la prevención la protección no sirve de nada, pues al final estaríamos en el absurdo de buscar el uso de carros blindados, chalecos antibalas, cascos, escoltas o algunos otros elementos para realizar las labores periodísticas".

Añade que otro punto que aumenta los niveles de seguridad de periodistas en las coberturas informativas en zonas de alto riesgo tiene que ver con el sentido ético de la labor de los comunicadores.

"Los comunicadores que chantajean, que escriben a favor de un grupo, que manejan la fuente alejados de la honestidad se ponen al alcance de ataques o agresiones, pero cuando el periodismo es recto, oportuno, honesto, ello se vuelve el elemento central de la protección del periodista. Resulta fundamental contar con estos principios porque al final cualquiera de las medidas de protección son sólo elementos complementarios al periodismo; si se practica un periodismo sin ética de nada sirve un chaleco antibalas".

Carlos Lauría, del CPJ, coincide con el tema de la ética, aunque realiza una advertencia: "No hay duda que un periodista que opera en una forma ética enfrente menos riesgo. Las buenas prácticas profesionales son importantes para minimizar los riesgos. Pero, a la vez, es importante separar la necesaria discusión sobre ética del debate sobre la seguridad porque crea la percepción (que existe en México) que cualquier periodista que recibe amenazas o es víctima de violencia está comprometida o corrompida.

"Eso no es cierto. Hay numerosos periodistas que actúan con total sentido de la ética profesional que han sido víctimas lamentables de ataques. Además, es importante señalar que la falta de ética -lo cual puede ser muy grave para la profesión- nunca justifica violencia".

Darío Ramírez, de Artículo 19, plantea que la adopción de protocolos de seguridad es una responsabilidad compartida entre medios de comunicación y periodistas. Debe haber protocolos específicos de este tipo entre los editores, las mesas de redacción y los periodistas, donde el punto más importante para lograr niveles óptimos de protección es la comunicación permanente entre todas estas áreas cuando se realiza una cobertura informativa en zonas de alto riesgo.

Carlos Lauría, del Comité para la Protección de los Periodistas, dice que es necesario un pacto entre medios.

"Es esencial que haya cooperación entre los medios, los grandes y los pequeños, los nacionales, y los regionales. Pero los medios deben además estar preparados no solo para enfrentar los riesgos de los reporteros individuales sino también propiciar la creación de un frente común para mejorar el clima en el que se ejerce el periodismo. Los medios tienen que unir fuerzas para enfrentar la crisis nacional".

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Plaza Pública: Contra amenazas, solidaridad activa

Miguel Ángel Granados Chapa

El oficio periodístico está muy infectado de gérmenes que impiden la vertebración de sus practicantes. Intentos valiosos los hay, pero no una agrupación con dimensiones suficientes para expresar los valores y los intereses del gremio

Por fortuna, el grave episodio terminó con bien respecto de los secuestrados, pero infirió daños a la libertad de información que no pueden quedarse en la anécdota. Si lo acontecido esta semana en el terreno de la comunicación pública no trasciende, si no pone a los periodistas y a sus empresas e instituciones en el camino de la solidaridad activa, quedará allanado el camino para la ruina de un oficio, una actividad, una misión necesaria para la convivencia democrática.

El secuestro de cuatro trabajadores de los medios en Gómez Palacio, Durango, el lunes 26 de julio concluyó con la puesta en libertad de dos de ellos por decisión de sus captores, y con el rescate de los dos restantes por la Policía Federal en la madrugada del sábado. Ayer mismo, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, describió confusamente la circunstancia de la liberación de los camarógrafos laguneros Jaime Canales, de Multimedios (Milenio) y Alejandro Hernández, de Televisa. Ellos mismos estuvieron presentes en la rueda de prensa cuyo protagonista fue el funcionario (que estuvo flanqueado por tres de sus colaboradores cercanos) y aportaron alguna información, insuficiente por la propia condición en que se hallaban, para tener una imagen cabal de lo sucedido. El dato sobresaliente del momento de su rescate fue que los secuestradores pudieron huir.

Previamente, el jueves había sido dejado libre Héctor Gordoa, reportero de Televisa, enviado desde la Ciudad de México para informar sobre la protesta de presos de la cárcel de Gómez Palacio y sus familiares, por la destitución de la directora de ese penal, acusada de permitir que comandos asesinos, compuestos por reos bajo su custodia, salieran a cumplir misiones homicidas en Torreón. Previamente había sido liberado, horas después de su secuestro, el martes 28, el reportero Óscar Solís, del diario local El Vespertino. Quizá se lo llevaron por error y por eso lo dejaron ir pronto, ya que los captores concentraron su presión sobre las dos empresas televisoras a cuyo personal retuvieron.

Esas empresas han manejado discretamente los términos de lo solicitado por los secuestradores, y eligieron guardar silencio sobre la captura misma, y demandaron la misma actitud del resto de los medios. Plantearon de esa manera un dilema ético de gran envergadura. Si los medios de comunicación acceden, en función del alto valor de la vida de su personal, a cumplir las exigencias de los delincuentes, son ellos mismos, y no sólo sus integrantes privados de la libertad, los que se convierten en rehenes de la ilegítima presión.

Milenio televisión accedió a transmitir, la mañana del miércoles 28, tres videos cuya difusión fue requerida por los secuestradores. Son denuncias que forman parte de la guerra entre bandas. No queda registro de que Televisa hubiera cedido y adoptado una conducta semejante. El programa Punto de partida, que se transmite los jueves cerca de la medianoche, fue suspendido esta vez, más como un modo de protestar contra los delincuentes que esa tarde habían dejado libre al reportero Héctor Gordoa, que forma parte del equipo que realiza esa serie dotada de gran vigor periodístico, y encabezado por Denise Maerker.

Fue un momento dramático, quizá el de mayor gravedad que haya tenido esa televisora, el que vivió Denise Maerker al anunciar que "condiciones extraordinarias han impedido que el equipo de Punto de partida integre y emita el programa de esta noche". Al concluir su aviso, la pantalla del Canal 2, el de mayor alcance en los medios electrónicos, se oscureció y en esa condición permaneció durante los 60 minutos posteriores. Diciendo sin decir, acaso por las presiones a que su empresa estaba sujeta, la conductora explicó que "en Televisa, en Punto de partida, no estamos dispuestos a fingir que no está pasando nada. Sí está pasando. Todos los periodistas de este medio y de todos los otros corren enormes peligros para cumplir con su tarea, y la sociedad de sumirse en el silencio y la desinformación".

Dijo también que "el secuestro de nuestros compañeros y colegas representa de manera más amplia el secuestro de todo el periodismo. El riesgo es que en el futuro muchos otros medios se encuentren en esta misma y delicada situación". Y por lo que toca a su caso en particular agregó: "emitir un programa en estas circunstancias resulta imposible y un riesgo no sólo para quienes permanecen retenidos sino también para todos aquellos que nos dedicamos al ejercicio periodístico".

Dos horas antes, ese mismo jueves en Milenio Televisión, Ciro Gómez Leyva había delegado la conducción del noticiario principal, a causa del mismo impedimento. Apuntó una de las limitaciones impuestas por los captores de Javier Canales, su camarógrafo en La Laguna: al referirse a la libertad del reportero Gordoa, explicó que "no podíamos dar la noticia, salir, gritar que estaba libre. Había que esperar a que otro medio lo hiciera. Hay notas que uno no puede dar. Lo hicieron, y muy bien, el Diario de Juárez y Reforma".

Ese mecanismo, la publicación en otros espacios de la información que los medios afectados están impedidos de ofrecer, ha de ser una de las salidas a los riesgos que hace ya tiempo se abaten sobre el periodismo. Es preciso recordar un ejemplo que, si bien en muy otras circunstancias, permitió eludir una presión silenciadora. El junio de 1971 The New York Times inició la publicación de lo que se llamarían "los papeles del Pentágono", una vasta documentación sustraída por Daniel Ellsberg, en que se revelaban las simulaciones y los montajes del gobierno de Nixon para atacar a Vietnam del Norte como si respondiera a una agresión. El diario neoyorquino recibió una orden judicial para no seguir publicando esos documentos. Y entonces otros periódicos tomaron la estafeta, y continuaron la presentación de los papeles, hasta que cada uno recibía el mandamiento de censura y lo acataba pero con la certidumbre de que otro medio proseguiría la tarea de difusión.

Una solidaridad semejante, un entendimiento de alcances parecidos entre los medios de información es imprescindible en estas horas de peligro. El oficio periodístico está muy infectado de gérmenes que impiden la vertebración de sus practicantes. Intentos valiosos los hay, pero no una agrupación de periodistas con dimensiones suficientes para expresar los valores y los intereses legítimos del gremio. Priva, al contrario, sobre todo en la Ciudad de México, un ánimo inquinoso, una guerra sucia que va más allá de la legítima competencia. Había antaño una suerte de solidaridad negra, un pacto implícito de complicidad para las trapacerías cometidas en los medios. Se expresaba en la consigna "perro no come carne de perro". Es preciso ir mucho más allá e integrar un cuerpo fornido, resuelto, capaz de oponer resistencias eficaces a las presiones y agresiones de todo género, especialmente las que provienen del crimen organizado. Esta semana, además del episodio central de que estamos hablando, la hostilidad contra los medios se manifestó en una bomba de humo contra el domicilio del director de un diario en Cuernavaca, un artefacto explosivo contra Televisa de Nuevo Laredo y agresiones contra los diarios fronterizos Norte y El Mexicano.

No podemos permanecer impasibles, o solamente indignados o simplemente temerosos. Hemos de trascender el sentimiento elemental de que es preciso acudir en apoyo del que padece una ofensa sólo por el argumento de que podríamos estar en su lugar. Aunque estemos o nos consideremos a salvo, por encima de los riesgos, hemos de vertebrarnos. Entiendo que la organización no gubernamental Artículo 19 (llamada así por el respectivo texto de la declaración de los derechos humanos) ha iniciado un proceso de aproximación en tal sentido. Es una idea oportuna que debe ser atendida.

En sus dramáticas tomas de posición Denise Maerker y Ciro Gómez Leyva reclamaron la intervención de las autoridades para garantizar el ejercicio del oficio periodístico, como debe hacerse ante cualquiera otra actividad. La Policía Federal rescató a dos de las víctimas del lunes, es cierto. Pero falta determinar quién ordenó el secuestro, y detenerlo e impedir que la suerte se reedite. De lo contrario, y aun si se organizan para enfrentar solidarios las amenazas en potencia o en acto que se les asesten, los periodistas tendrán la libertad y aun la vida prestadas.

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Fuente: www.reforma.com

PF: 'El Chapo' ordenó plagio de periodistas

México, agosto 1.- Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), reveló que una célula del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, perpetró el secuestro de cuatro periodistas en Durango, para obligar a los medios de comunicación a difundir mensajes e información relacionada con esa organización, "como parte de una estrategia de propaganda criminal".

Ese era el objetivo del cártel, dijo, al secuestrar el 26 de julio a Óscar Solís, reportero del periódico local El Vespertino; Héctor Gordoa, de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna, y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Las dos primeras víctimas fueron liberadas por los plagiarios, mientras que Canales Fernández y Hernández Pacheco fueron rescatados ayer en la madrugada, durante un operativo de fuerzas especiales de la Policía Federal, en una casa de seguridad ubicada en la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, Durango. Los responsables lograron huir.

El funcionario detalló que "la pretensión del grupo criminal era de manera específica transmitir mensajes del crimen organizado para impactar a la comunidad, ocupando en principio a los reporteros para que fueran el conducto para la transmisión de estos mensajes" y de inicio se dieran a conocer tres videograbaciones.

Especialistas en manejo de crisis asesoraron desde el primer momento a los enlaces de los medios de comunicación que estuvieron involucrados en el proceso de negociación con los secuestradores (aunque el titular de Seguridad Pública no hizo mención de Óscar Solís, quien desde el martes pasado quedó libre).

García Luna especificó que las gestiones permitieron que el 29 de julio fuera liberado Héctor Gordoa, pero luego "los secuestradores no cumplieron su promesa en términos de lo que se estaba negociando, lo cual obligó a avanzar en la parte de operación" con un esquema "que privilegió a las víctimas".

Cuando se tuvo la certeza de que Canales Fernández y Hernández Pacheco estaban seguros, los agentes de élite ingresaron a la casa de seguridad donde sólo estaban ambos comunicadores, pues los plagiarios huyeron cuando se dieron cuenta de la presencia de la Policía Federal.

El secretario de Seguridad Pública afirmó que se continuará con las investigaciones pues, basados en el testimonio de los comunicadores rescatados y de labores de inteligencia de la corporación, se sabe que en ese mismo sitio había policías que estaban secuestrados y que al parecer también fueron liberados por los plagiarios.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

Volvimos a nacer, afirma Javier Canales Fernández

México, agosto 1.- Golpes, amenazas diarias, el temor de que cada día de cautiverio podría ser el último con vida, marcaron a Javier y Alejandro, secuestrados sólo por el hecho de ser periodistas, de trabajar en medios de comunicación. Durante cinco días estuvieron en poder de narcotraficantes del cártel de Sinaloa, quienes pusieron como precio para su libertad el que sus empresas difundieran los mensajes de la organización criminal.

Plagiados desde el 26 de julio, fueron rescatados ayer por agentes de la Policía Federal, en una casa de seguridad de Gómez Palacio. Al recuperar la libertad decidieron dar a conocer sus rostros, la experiencia vivida en el cautiverio, dejar testimonio del riesgo que hoy enfrentan en México los reporteros, cuando más de 30 de ellos han perdido la vida o han desaparecido en este sexenio en medio de la impunidad.

Alejandro Hernández Pacheco, trabajador de Televisa Torreón, recordó que "todo el día y toda la noche, sicológicamente, nos estaban intimidando. Fue muy difícil y sí nos maltrataron, tenemos aquí algunas huellas (…) Me dieron con una tabla en la cabeza y aquí en el cuerpo".

—¿Hubo momentos en que pensaste que te iban a matar?

—Sí, desde que llegamos, desde que nos subieron a los carros sentimos eso. Veníamos del Cereso de Gómez Palacio hacia el aeropuerto, estábamos en el lado de Gómez Palacio… el camarógrafo de Televisa no llegó al aeropuerto y me enviaron a mí y pues me tocó.

Cuatro sujetos lo secuestraron junto con Héctor Gordoa, enviado de Televisa, quien fue liberado mediante negociaciones el pasado jueves 29 de julio.

El camarógrafo Javier Canales Fernández, de Multimedios Laguna, tiene la certeza de que al ser rescatado con su compañero: "Volvimos a nacer".

De su cautiverio, Canales Fernández relató: "Se pierde la noción del tiempo, no sabía si era de día o de noche, es muy triste, compañeros (…) fue un maltrato sicológico, amenazas, que si la familia y que si no hablas y que si no haces esto aquí mismo te vas a quedar".

Trata de comprender las razones de su secuestro, del por qué el ejercer su oficio fue el motivo de la libertad.

"Soy camarógrafo, como todos ustedes lo hacen, trabajo profesionalmente, nos dedicamos única y exclusivamente a trabajar y es lo que siempre hemos venido haciendo; tengo ya cerca de 30 años, estuve cerca de 10 en Televisa y posteriormente estoy en Multimedios Laguna".

Lo único seguro es que "es una amarga experiencia, que hay que echarla al fondo y a lo más profundo, olvidarse de todo y darle gracias a Dios, a la vida y a todo por la oportunidad de estar aquí", manifestó el periodista.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

Federales rescatan a reporteros en Durango

México, agosto 1.- Una célula del cártel de Sinaloa, que lidera Joaquín El Chapo Guzmán, secuestró a los cuatro periodistas en Durango para obligar a los medios de comunicación a que difundieran mensajes e información relacionada con esa organización, "como parte de una estrategia de propaganda criminal".

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública federal (SSP), dijo que éste era el objetivo del cártel al secuestrar el 26 de julio pasado a Óscar Solís, reportero del periódico local El Vespertino; Héctor Gordoa, de Televisa; Javier Canales Fernández, camarógrafo de Multimedios Laguna, y Alejandro Hernández Pacheco, de Televisa Torreón.

Los dos primeros fueron liberados por los plagiarios, mientras que Canales Fernández y Hernández Pacheco fueron rescatados ayer en la madrugada durante un operativo de la Policía Federal en una casa de seguridad de la colonia Miguel de la Madrid, en Gómez Palacio, Durango, aunque los responsables lograron huir.

El funcionario afirmó que los expertos en manejo de crisis asesoraron a los enlaces de los medios de comunicación que estuvieron en la negociación con los secuestradores (aunque no hizo mención de Solís, quien desde el martes quedó libre). Las gestiones permitieron que el 29 de julio fuera liberado Gordoa, pero luego se rompieron y se hizo obligado el rescate de los dos periodistas que permanecían en cautiverio. "Los secuestradores no cumplieron su promesa en términos de lo que se estaba negociando, lo cual obligó a avanzar en la parte de operación".

Se aplicó un esquema "que privilegió a las víctimas para que no les hicieran daño" y no fueran blanco de disparos o agresiones por parte de sus captores. Se acordonó el área donde se ubicaba la casa de seguridad para que actuaran las unidades de intervención, dijo.

Cuando se tuvo la certeza de que Canales Fernández y Hernández Pacheco estaban seguros, los agentes ingresaron a la casa de seguridad, en la cual ya no se encontraban los plagiarios porque huyeron cuando se dieron cuenta de la presencia de la Policía Federal, informó el secretario. En la casa de seguridad sólo estaban los dos periodistas.

García Luna afirmó que se continuará con las investigaciones, pues del testimonio de los comunicadores rescatados y de labores de inteligencia se sabe que en ese mismo sitio había policías que estaban secuestrados y que fueron liberados.

Estrategia de propaganda

El funcionario dijo que "la organización que fue responsable de este hecho es el cártel del Pacífico o de Sinaloa, en particular Joaquín El Chapo Guzmán", por lo que se trabaja en la captura de la célula que bajo las órdenes de este narcotraficante secuestró a los cuatro reporteros.

El plagio de los periodistas, aseguró García Luna, "es una estrategia mediática del crimen organizado en la que querían transmitir mensajes ocupando la capacidad de los medios de comunicación.

"El objetivo, la pretensión del grupo era de manera específica transmitir mensajes del crimen organizado para impactar a la comunidad, ocupando en principio a los reporteros para que fueran el conducto para la transmisión de estos mensajes" y de inicio se transmitieran tres videos.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

SIP y Segob condenan secuestro de periodistas

México, julio 31.- Cinco días después de que cuatro periodistas fueran secuestrados por el crimen organizado en Gómez Palacio, Durango, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó "enérgicamente" los hechos y exigió su pronta liberación.

El secretario José Francisco Blake Mora expresó la "enérgica condena" del gobierno federal por la privación de la libertad en contra de los reporteros que cubrían el motín de reos y las protestas de familiares en el Centro de Readaptación Social número 2, de esa ciudad.

Aseguró que la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa no permitirá las amenazas contra la sociedad, especialmente, contra los periodistas y los medios de comunicación, que "siendo promotores de la libertad de expresión pretendan ser utilizados por el crimen organizado".

El jueves pasado fue liberado Héctor Gordoa Márquez, enviado de la empresa Televisa, uno de los cuatro periodistas que fueron levantados en la región de La Laguna, Durango.

También fue liberado el reportero Óscar Solís, del periódico El Vespertino desde el pasado martes aunque el hecho se dio a conocer hasta ayer.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

Liberan a uno de los periodistas plagiados

Durango, México, julio 30.- Héctor Gordoa Márquez, uno de los cuatro periodistas levantados el pasado lunes 26 de julio en Gómez Palacio, Durango, fue liberado por sus captores la tarde de ayer.

Los reporteros fueron privados de su libertad cuando cubrían el motín de reos y las protestas de familiares en el Centro de Readaptación Social número 2, de Gómez Palacio, penal que desde el pasado domingo se encuentra bajo control de la Policía Federal, ante las acusaciones de corrupción contra cuatro de sus directivos.

El Universal mantuvo en reserva la información del plagio de los cuatro periodistas a petición de los medios de comunicación involucrados (Multimedios Laguna, Televisa Torreón y diario El Vespertino) y la da a conocer una vez hecha pública la liberación de uno de ellos.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer "profunda preocupación" por el secuestro de cuatro reporteros en México y pidió al gobierno actuar con urgencia para garantizar la vida de los periodistas y los derechos de la sociedad en general.

Trascendió que los captores pidieron a las empresas donde trabajan las víctimas que transmitieran tres vídeos, uno donde un policía de Durango desliga a Los Zetas de las muertes en la Laguna.

Ayer, fuentes cercanas a Gordoa -reportero de Televisa- confirmaron a El Diario de Ciudad Juárez que el periodista se encuentra sano y salvo en las instalaciones de Televisa Torreón.

Además de él, también fueron privados de su libertad el camarógrafo de Multimedios Laguna, Jaime Canales; el de Televisa Torreón, Alejandro Hernández; así como Héctor "N", reportero del diario El Vespertino.

Los otros tres comunicadores que fueron privados de su libertad se encuentran bien de salud pero permanecen cautivos, publicó el periódico en su portal.

Semana de sorpresas

El domingo, el gobierno federal reveló que internos del Cereso 2 de Durango contaron con el respaldo de autoridades de ese penal para realizar venganzas por encargo y dispusieron de armas de los custodios y vehículos oficiales.

En un mensaje en la Secretaría de Gobernación (Segob), Ricardo Nájera, vocero de la Procuraduría General de la República (PGR) informó que los presos son presuntos responsables de los crímenes perpetrados en los últimos meses en Torreón, Coahuila, de acuerdo a las denuncias.

Entre otras matanzas, los reclusos perpetraron la de la quinta Italia Inn, que dejó 17 muertos el pasado 18 de julio durante una fiesta; la del bar Ferry, el 1 de febrero, con 10 muertos, y el del bar Juanas, el 15 de mayo, con ocho ejecutados, todos en Torreón.

"Cumplían venganzas por encargo utilizando vehículos oficiales y las armas de los custodios para las ejecuciones", informó el funcionario federal.

Cuatro armas tipo A-R15 calibres .223 marca Cold fueron utilizadas en las tres matanzas, se determinó tras las indagatorias hechas por el Ministerio Público federal en colaboración con autoridades de Coahuila, Durango y las Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública.

De acuerdo con Nájera, peritos identificaron las armas de los propios custodios al compararlas con los casquillos encontrados en el lugar de los hechos.

Al día siguiente, la tensión en el Cereso número 2 se incrementó al registrarse el homicidio de una custodia y manifestaciones dentro y fuera del penal.

Margarita Rojas y tres ex jefes de custodios fueron arraigados y permanecen bajo investigación de la PGR y la Fiscalía Estatal. En el fuero federal, enfrentan los delitos de delincuencia organizada y evasión de reos, mientras que, en el fuero común se les acusa de homicidio y lesiones.

La estrategia de los narcos

La PGR actuó en contra de los funcionarios del Cereso de Gómez Palacio, luego de enterarse por un video que fue subido a Youtube el jueves 22 de julio de la posibilidad de que la directora del penal habría sido cómplice de la salida de varios reos para realizar matanzas en la Comarca Lagunera e inclusive guardar vehículos usados en el crimen, en el interior del centro penitenciario.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx