CIUDAD DE MÉXICO, México, septiembre 13.- Para los caricaturistas de la época, Porfirio Díaz, la espada y la silla presidencial formaban un mismo cuerpo. Las armas que permitieron al militar despejar su camino hacia el poder, habrían de garantizar después su permanencia.
La historiadora Fausta Gantús destaca en su libro Caricatura y poder político cómo, con el paso de los años, las caricaturas mostraban una espada que aumentaba de peso y tamaño a medida que Díaz imponía su voluntad de reelegirse a pesar de la creciente oposición.
"La reiteración de estos dos elementos va construyendo un imaginario que la historiografía de la posrevolución recupera y proyecta en el siglo 20", advierte la investigadora del Instituto Mora.
Para Gantús es una tarea pendiente determinar hasta qué grado Díaz se propuso permanecer en el poder, o bien se dejó arrastrar en 1888, en su primera reelección continua, por la convicción de las élites políticas de que era el "hombre necesario" para mantener el orden y guiar el destino del País.
"Durante el siglo 19, la preocupación era si necesitábamos un Estado centralizado o con una soberanía dividida. Y eso es lo que logra Díaz: un Estado que domina y controla las relaciones entre las distintas entidades que integran la nación. Más que una dictadura, es un Estado autoritario".
Usada como una estrategia de acción partidista, la caricatura política dominaba el espacio de los periódicos "joco-serios". En este grupo, a cada acción correspondía una reacción. Si surgía una publicación para hacer campaña a favor de un candidato, aparecía otra que apoyaba al contrario, estableciéndose una "guerra" de imágenes satíricas.
Gantús menciona en su libro varios de los periódicos fundados por los opositores de Díaz: La mosca, "de acerado aguijón"; El tranchete, "leperuno y endemoniado"; El palo negro, "sin perrito que le ladre"; El doctor Merolico, dispuesto a "sacar muelas", y El hijo del ahuizote, "semanario feroz, aunque de nobles instintos" que aseguraba no tener madre.
La caricatura política del siglo 19 unía a la imagen textos en títulos, pies o versificaciones que complementaban o explicaban lo representado. Manejaba también una serie de símbolos y referencias que exigían un "amplio capital cultural" y, sobre todo, conocer las situaciones y personajes a los que se aludía. "En busca de públicos mayores, en el siglo 20 este lenguaje visual se simplifica", dice Gantús.
Es una de las principales transformaciones que sufre la caricatura, junto con la visibilidad de sus autores, ya que en el siglo 19 muchas obras no se firman debido a factores como lo efímero de las publicaciones, que obligan al dibujante a mudar sus posiciones ideológicas según la línea editorial del grupo de poder que lo contrata.
En su libro, que abarca el periodo de 1876 a 1888, Gantús registra la publicación de 35 periódicos con caricaturas, de los cuales 26 circularon entre dos meses y un año.
Una línea de investigación pendiente, señala la historiadora, es comprobar si caricaturistas como Daniel Cabrera, Jesús T. Alamilla y José María Villasana se organizaban en talleres integrados por un maestro que trazaba las líneas y dibujantes que realizaban las imágenes.
En México bárbaro, John Kenneth Turner escribe que Díaz nunca leía, "excepto recortes de prensa y libros acerca de sí mismo". Gantús no es tan temeraria como para suscribir esta afirmación, pero asegura que era una persona informada de lo que ocurría en el país.
"Hasta tal grado le preocupaba lo que veía publicado que por eso se instrumentan una serie de políticas, tanto desde lo legal como lo extralegal, en contra del periodismo independiente y opositor".
La consolidación de Díaz en el poder trae aparejada una disminución de la prensa con caricaturas, que prácticamente desaparece desde mediados de 1880 hasta finales de siglo. Esto coincide con una transformación de la caricatura política en los periódicos oficialistas.
"Díaz deja de ser el blanco de los ataques, que ahora van dirigidos a funcionarios, gobernadores, presidentes municipales. Inicia también una preocupación por la cuestión social, un concepto relacionado con los problemas que trae aparejados la industrialización, como la concentración de personas en las zonas urbanas, la falta de servicios y la mendicidad. Es interesante cómo esta necesidad de cerrarse a la crítica política hace que las caricaturas pongan el acento en otros problemas también ligados a las políticas de Estado".
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Una caricatura publicada en El rasca tripas el 24 de septiembre de 1882 con la leyenda "Y lo hicieron a su imagen y semejanza" muestra al Presidente Manuel González y al entonces ex Mandatario Porfirio Díaz dar vida con su aliento a la escultura de un asno, que representa al Congreso.
Los diputados y senadores de esa legislatura son los que aprueban la reforma al artículo 7 constitucional, que suprime los jurados populares para los delitos de imprenta y establece que sean juzgados por un tribunal del orden común. Queda en manos de un solo juez decidir si existe delito y sancionarlo.
Particulares, funcionarios públicos e incluso el Ayuntamiento de la Ciudad de México entablan demandas contra periodistas por daño moral y difamación. "En casi todos los casos", dice Gantús, "el demandante obtiene el triunfo".
La reforma constitucional es el pistoletazo de salida para la sistematización de una política de represión contra la prensa. En Caricatura y poder político (El Colegio de México/Instituto Mora), Gantús escribe que en mayo de 1883, menos de dos semanas después de ser publicado el decreto, un periodista de El jueves es detenido, incomunicado durante tres días y liberado sin que medie explicación. En los meses siguientes son llevados a prisión redactores y colaboradores de medios como La espada de Damocles y El correo del lunes.
El cohecho y la coacción son también utilizados por Díaz para aplacar a la prensa independiente. La historiadora menciona a Francisco Bulnes y Justo Sierra como dos voces críticas que mudaron sus posiciones hasta ser aliadas del régimen.
Un nuevo frente contra la prensa es abierto en junio de 1885 con el reconocimiento de la deuda inglesa, decretado por Díaz, que genera protestas de estudiantes y periodistas que son reprimidas por el gobierno.
"Se les acusa de llamar al pueblo a la insurrección, uno de los delitos más graves que contempla la Constitución", señala Gantús. Durante el proceso, por considerar que los escritos o caricaturas no siempre permiten comprobar el delito atribuido a un periodista, se instrumenta un nuevo recurso legal, denominado "función psicológica" por la prensa de oposición. Transformado en detective-psicólogo, el juez es facultado para intuir las motivaciones que originan un suceso, y fallar en consecuencia.
"El fiscal apelaba a la capacidad del juez para encontrar las razones ocultas de los escritos y acciones de los periodistas y estudiantes. Este argumento triunfó y sentó un precedente legal que después sería usado como un arma por la prensa, que denunció en caricaturas la represión y la censura".
