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CIUDAD DE MÉXICO, México, octubre 28.- La atrofia del sistema de justicia penal, que es causa de que la impunidad sea de 98.3% en el país —según el CIDAC—, ha producido la informalización judicial: 1) los cuerpos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas, promueven juicios paralelos, condenando a supuestos criminales ante las cámaras, cuando no acribillándolos para exhibir sus despojos; 2) el crimen organizado razona, en mensajes, secuestros, tortura y muerte; 3) colectividades montan sus tribunales de facto, que tantas veces acaban en linchamiento; y 4) los medios informativos y los periodistas, no sólo registramos esos autos de fe posmodernos, sino que nos sumamos al festín truculento.
Esos actores se consideran con derechos justicieros, en un entorno de ausencia de Justicia y donde el populismo punitivo reduce la política criminal a actos simbólicos para la vindicta pública, mientras policías, fiscalías y tribunales languidecen en su endogamia. Y si el Estado es incapaz de proveer justicia legal, según su responsabilidad constitucional, tampoco puede dar seguridad ciudadana, pues el que la impunidad alcance el 98.3% es un incentivo para violar la ley.
En este paisaje, los medios y los periodistas dejamos de sólo mediar información —cierto, bajo los cánones espectacularizantes del infoentretenimiento—, para convertirnos, asimismo, en objetivo criminal, lo cual alberga una paradoja que un colega morelense nombró de esta forma durante un taller reciente: "Estamos alimentando al monstruo".
En México, las empresas noticiosas son adictas a la información barata, aunque de ínfima calidad, inverificable y, a veces, inverosímil, que proveen las instituciones de seguridad y justicia, y procesan periodistas mal pagados, mal equipados y de precaria formación profesional. Esto, de manera alterna, se comercializa en publicidad por decenas de miles de pesos. Tal esquema tiene mayor materia prima conforme los emisores se diversifican: ya no son nada más las instituciones a través de sus vías formales, sino crecientes canales informales del gobierno y grupos delincuenciales pujando por ganar la coyuntura.
Muchos periodistas arguyen que no encuentran otra que someterse a las lógicas de la industria noticiosa, aun por encima de sus convicciones. Teniendo fundamento, este argumento omite que los directivos, editores y reporteros, incluso los más críticos con las instituciones o sus operadores, suelen sentir empatía con que el delito y la violencia se combatan a tiros y que vale la pena hasta suspender ciertas garantías en pos de la seguridad.
Comparten la visión del populismo punitivo, según la cual, el espacio público se reduce a uno de continua lucha entre el bien y el mal, donde todo en las relaciones sociales es justificadamente susceptible de judicializarse.
Aquí está la paradoja: los medios y los periodistas llegamos a ser críticos de la incompetencia oficial para proveer seguridad y justicia, pero seguimos dependiendo de la información chatarra que el gobierno nos da, publicándola acríticamente. Lo mismo hacemos con la delincuencia como fuente.
No ignoramos que esto 1) afecta derechos como la presunción de inocencia, la vida privada, la propia imagen, la dignidad y la protección de datos personales. 2) Desacredita al periodismo y sus hacedores. 3) Empobrece el ejercicio ciudadano del derecho a la información al referir el delito y la violencia mediante hechos sin contexto, con profusión de minucias periciales que no permiten comprender los fenómenos ni revisar soluciones. 4) Invisibiliza la parálisis del sistema penal y legitima que viole derechos. 5) Empobrece la legalidad. Y 6) Produce miedo.
Pero no sólo no cambiamos mentalidad y prácticas, sino que frente al debate sobre armonizar las libertades de información y expresión con los derechos de los actores de las noticias y las audiencias, por instinto gritamos "¡Censura!".
Frente a la violencia contra colegas, los medios se reducen a tibias críticas pero tampoco modifican sus políticas editoriales espectacularizantes y banalizantes del dolor humano y el delito, que de hecho contribuyen a que los periodistas seamos foco de actores violentos, en parte por esa manera de informar. Tampoco hacen nada por abordar el delito y la violencia desde una perspectiva socialmente responsable, dependiendo menos de la información barata que les surte ese sistema penal que precisamente es incapaz de proveer justicia cuando se nos ataca. Es como alimentamos al monstruo.
Urge debatir teniendo el interés público como referente. Las instituciones de la política criminal deben modificar sus modelos de comunicación para informar con respeto a los derechos; las audiencias, desarrollarse en cultura política, porque no constituyen un contrapeso que presione a los medios a transformarse; y los legisladores, hacer leyes que protejan los derechos de las audiencias y los actores de las noticias.
Los medios, a su vez, han de 1) estandarizar la producción noticiosa policial y judicial con referentes éticos y legales; 2) profesionalizar a sus periodistas; 3) sumarse a iniciativa que proponen mecanismos colectivos como los pactos, para no lucrar más con las tragedias humanas ni el miedo, y respetar los derechos de los actores de las noticias.
Si comienzan hoy, estarán haciendo un aporte social, construyendo un espacio social más seguro —donde los periodistas estaremos más seguros— y dejarán de ser funcionales a un sistema de justicia penal productor de violencia.
Fuente: www.eluniversal.com.mx
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