Agosto 3.- Publicar información sobre cárteles en Durango, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros lugares significa apostar la vida, ¿se puede confiar en las autoridades locales para proteger a los reporteros frente al hampa? Los funcionarios federales insisten en que sí, como si no supieran que son precisamente las autoridades locales las que, en vinculación con el narcotráfico, son responsables de la mayoría de las agresiones contra periodistas.
El secuestro de cuatro de periodistas la semana pasada en Gómez Palacio, Durango -para obligar a Milenio y Televisa a difundir videos del narco- demuestra que las autoridades estatales están rebasadas por el crimen organizado, sino es que infiltradas a tal punto que la denuncia en ese ámbito resulta también un riesgo.
Por desgracia la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, órgano de la PGR , supone que 80% de los crímenes son en realidad delitos comunes no vinculados con la profesión de las víctimas. Son las especulaciones de una fiscalía legalmente acotada para investigar los casos, imposibilitada de tener injerencia en las investigaciones e incompetente para atraer la mayoría de los asuntos -90%- del fuero común. ¿Cómo establece conclusiones sin pruebas del móvil de los crímenes y sin detenidos? Parece una obsesión por lavarse las manos.
Si el crimen organizado se mueve a nivel federal, sus acciones contra los periodistas deben considerarse también delitos federales. Es la tendencia mundial. El propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, atribuyó el secuestro de la semana pasada al Cártel de Sinaloa. ¿La procuraduría de Durango habría podido rescatarlos? Obvio no.
Ahora que los medios nos hemos visto obligados a unir esfuerzos y construir solidaridad de cara a las agresiones del narco, habría que colocar como primera exigencia la federalización de los delitos contra los periodistas y el robustecimiento de las instituciones responsables en la materia. A la luz de un futuro cada vez más incierto debemos insistir en esta demanda.
Fuente: www.eluniversal.com.mx