Editorial 'El Universal': Primer paso para proteger periodistas

Agosto 3.- Publicar información sobre cárteles en Durango, Michoacán, Tamaulipas y muchos otros lugares significa apostar la vida, ¿se puede confiar en las autoridades locales para proteger a los reporteros frente al hampa? Los funcionarios federales insisten en que sí, como si no supieran que son precisamente las autoridades locales las que, en vinculación con el narcotráfico, son responsables de la mayoría de las agresiones contra periodistas.

La Procuraduría General de la República tiene la visión de que la solución frente al acoso que sufren los periodistas es fortalecer a las autoridades locales porque es ahí donde se podría conseguir una respuesta más rápida y eficaz a las denuncias. Los hechos recientes, sin embargo, refutan la hipótesis.

El secuestro de cuatro de periodistas la semana pasada en Gómez Palacio, Durango -para obligar a Milenio y Televisa a difundir videos del narco- demuestra que las autoridades estatales están rebasadas por el crimen organizado, sino es que infiltradas a tal punto que la denuncia en ese ámbito resulta también un riesgo.

Por desgracia la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Periodistas, órgano de la PGR, supone que 80% de los crímenes son en realidad delitos comunes no vinculados con la profesión de las víctimas. Son las especulaciones de una fiscalía legalmente acotada para investigar los casos, imposibilitada de tener injerencia en las investigaciones e incompetente para atraer la mayoría de los asuntos -90%- del fuero común. ¿Cómo establece conclusiones sin pruebas del móvil de los crímenes y sin detenidos? Parece una obsesión por lavarse las manos.

Si el crimen organizado se mueve a nivel federal, sus acciones contra los periodistas deben considerarse también delitos federales. Es la tendencia mundial. El propio secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, atribuyó el secuestro de la semana pasada al Cártel de Sinaloa. ¿La procuraduría de Durango habría podido rescatarlos? Obvio no.

Ahora que los medios nos hemos visto obligados a unir esfuerzos y construir solidaridad de cara a las agresiones del narco, habría que colocar como primera exigencia la federalización de los delitos contra los periodistas y el robustecimiento de las instituciones responsables en la materia. A la luz de un futuro cada vez más incierto debemos insistir en esta demanda.

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Fuente: www.eluniversal.com.mx

Serpientes y Escaleras: ¿La palabra o la vida?

Salvador García Soto

Francamente no hay dilema entre callar y no callar ante la ola de violencia que vive la sociedad mexicana, no debe haberlo; el periodismo no puede callar, así este amenazado, amedrentado, acosado. Si el periodismo y los periodistas callan se están sometiendo a quienes usan la violencia y la fuerza para acallarlos; si el periodismo y los periodistas callan están faltando a su razón de ser, le están fallando a la sociedad a la que se deben y para la que existen.

Dejar una pantalla en negros, una columna vacía o una frecuencia en silencio es renunciar por miedo —entendible y razonablemente humano— al deber profesional. Decir que no se habla de un tema "para preservar la vida" es caer en el juego del chantaje, es entregar la palabra, principal herramienta del periodismo a los criminales. Si ellos ya tienen en sus manos la vida y el miedo de millones de mexicanos a los que han sometido, y ahora se les entrega la palabra, no habrá ya posibilidad de denunciarlos, de exhibirlos, de mostrarlos en su monstruosa pequeñez.

Un medio que se autocensura para no transmitir una noticia de un secuestro, sea porque involucra a un político poderoso o porque el secuestrado es un reportero suyo, es un medio que se está replegando ante el poder de los criminales. Puede doblarse el periodista, el que ve amenazada directamente su vida y que, ante las amenazas, las agresiones y el acoso, no siente respaldo ni de su empresa ni del Estado para garantizarle su libre ejercicio profesional.

En esos casos, los individuales, puede entenderse la decisión de salirse de la cobertura de ciertos temas como el narcotráfico cuando eso claramente pone en riego su vida; el periodista tiene que correr los riesgos que conlleva la profesión, pero tampoco está obligado a ser un héroe cuando ni el medio para el que trabaja ni el gobierno que debe proteger su ejercicio le dan las garantías suficientes para trabajar. Y aún así hay decenas de casos de periodistas mexicanos que no quisieron callar y siguieron haciendo su trabajo, aunque eso les costó la vida.

Pero cuando un medio, con todo su poder, decide callar, entonces está faltando a la ética y al deber ser como institución que se debe a la sociedad. Porque si esos medios tienen poder para otras cosas -intimidar a políticos, sacar millones en publicidad o imponer sus agendas e intereses al país- lo tienen también para defender la vida de un trabajador suyo y denunciar a los criminales.

Presiona mucho más un medio que denuncia, que difunde, que documenta y exhibe a los agresores y a los criminales que atentan contra la sociedad, sean ciudadanos comunes o reporteros o políticos empoderados, que uno que guarda silencio como supuesta protesta. Esa es una acción vistosa, llamativa y hasta algo dramática, pero al final demagógica y antiética.

Algo anda muy mal cuando los periodistas se convierten en noticia; algo no está funcionando cuando el Estado no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos comunes, que viven atrapados en el miedo y la incertidumbre, y cuando los reporteros y comunicadores, ciudadanos también, tienen que callarse o difundir los mensajes que les piden los criminales como condición para salvar la vida. Algo en el concepto de Estado no funciona cuando el dilema se vuelve: ¿la palabra o la vida?

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Fuente: www.eluniversal.com.mx