Tegucigalpa, Honduras, septiembre 02.- La muerte de 11 periodistas ocurridas entre el 2007 y el 2010 están ligadas a causas personales, al crimen organizado y al ejercicio de la profesión, afirmó un congresista, citando un informe entregado a la Cámara Legislativa por la Secretaría de Seguridad, sobre las últimas pesquisas alrededor de estos casos.
El diputado Augusto Cruz Asencio, entregó el informe sobre la muerte de los periodistas fue a representantes de la APH, CPH, SIP y varias organizaciones de prensa internacional.
"Se reconoce que estos crímenes no obedecen a una política del Estado de Honduras de hostigar o atemorizar a los periodistas o medios de comunicación, ni tampoco una amenaza a la libre expresión del pensamiento y libertad de información", precisó el diputado de la Democracia Cristiana (DC) por Francisco Morazán, Augusto Cruz Asencio, al presentar el informe en rueda de prensa que en primera instancia fue conocido por la Cámara Legislativa.
El diputado entregó el informe a la Asociación de Prensa Hondureña (APH), al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a las organizaciones no gubernamentales "Reporteros sin Fronteras", Asociación Mundial de Radios Comunitarios y la International Media Support, con la intención de que "estas instituciones exhorten a las autoridades policiales a continuar con las averiguaciones hasta esclarecer cada uno de los casos y castigar a los responsables".
Hasta el momento, ninguna persona ha sido detenida y los dos sospechosos capturados en uno de los crímenes fueron puestos en libertad por falta de pruebas, agregó el diputado, quien en abril pasado había logrado –mediante una moción aprobada por unanimidad de la Cámara– la comparecencia del ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, para que explicara los alcances de las investigaciones de las que se desprende el mencionado informe.
Los periodistas mencionados en el reporte son Joseph Hernández, David Enrique Meza, Nahum Palacios Arteaga, José Bayardo Mairena, Manuel de Jesús Juárez, Bernardo Rivera Paz, Gabriel Fino Noriega, Santiago Rafael Munguía, Carlos Salgado, Osman Rodrigo López y George Orellana.
De acuerdo al informe, "el Estado reconoce la falta de una política nacional de seguridad eficaz permanente, transparente, coordinada e integral por garantizar a la ciudadanía su libertad y respeto a la vida".
Critica que "el sistema de justicia en general y especialmente la parte de la investigación criminal sigue adoleciendo de fallas y poca eficiencia en sus resultados, por lo que hay que poner un mayor énfasis en seguir modernizando, profesionalizando y capacitando el recurso humano en la parte investigativa".
Cuestiona también que la mayoría de casos de los periodistas asesinados siguen en la impunidad, en simples hipótesis o supuestos.
Reconoce, sin embargo, "el esfuerzo de la Policía y el Ministerio Público en realizar investigaciones preliminares y establecer supuestos móviles de los asesinatos, pero también hay falta de resultados concretos en establecer y poner a la orden de los tribunales a los autores intelectuales y físicos de los crímenes y hasta la fecha no hay un solo imputado en la cárcel".
Fuente: www.latribuna.hn