Ciudad de México, México, agosto 29 (APRO).- El País está bajo la mirada de la comunidad internacional, que sigue con inquietud el rápido deterioro de la situación de los derechos humanos en el contexto nacional de la narcoviolencia.
En la reciente visita de 17 días de los relatores de la ONU y de la OEA para la Libertad de Expresión, Frank La Rue y Catalina Botero, se reveló que los organismos internacionales discuten cómo clasificar la violencia mexicana porque la forma en que se manifiesta no entra dentro de los parámetros de la Convención de Ginebra, que cataloga conflictos armados internacionales (de un país contra otro) y conflictos armados internos (grupos rebeldes que buscan el poder).
La violencia mexicana no cabe en las definiciones de una guerra y existe resistencia a llamarla "conflicto armado" porque ello implica considerar débil al Estado. Lo que hoy se discute es si México inaugurará la categoría de "país con regiones de enfrentamiento intenso", en la cual se considerarían como zonas especiales los territorios militarizados y los dominados por los cárteles de la droga.
Durante la estancia de La Rue en México también salió a relucir que la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (que cuenta sólo con cuatro sedes en la región, ubicadas en Colombia, Bolivia, México y Guatemala) aumentó su personal en la delegación mexicana.
Uno de los nuevos comisionados es el estadounidense Christopher Guarnotta, que inaugurará el puesto de visitador para la zona norte, y a quien el ex representante de la oficina, Alberto Brunori, presentó a los defensores de derechos humanos en su último viaje a Chihuahua, donde informó que más personal llegaría a reforzar la oficina.
Un día antes de que arribaran los relatores de la ONU y de la OEA estaba en el País la coreana Kyung-Wha Kangla, alta comisionada adjunta de derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas, quien también se reunió con funcionarios de Gobierno y les expresó sus preocupaciones muy serias por la situación, con énfasis en los abusos de los militares en tareas de seguridad pública.
"El Gobierno a lo largo de los años ha tratado de incorporar elementos que integran los elementos de derechos humanos en las operaciones militares y en la lucha por la seguridad y contra las bandas de delincuentes, pero ha habido casos de abusos -civiles que han perdido la vida, que han sido sacrificados, no solamente en fuego cruzado, violaciones de derechos humanos- que claramente se atribuyen a los elementos de las fuerzas armadas", dijo en entrevista.
La diplomática recabó información que llevará a la alta comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien realizará una visita al País en noviembre. Para octubre se espera la visita de la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul, quien revisará la situación estructural de impunidad.
Al terminar su visita a México, Kyung-Wha Kang, alta comisionada adjunta de derechos humanos de la ONU, dijo profundamente preocupada por el asesinato de mujeres, por las enmiendas legislativas que permiten encarcelamiento de las mujeres por abortar y por la alarmante violencia en México contra los periodistas.
La colombiana Botero explicó que los periodistas, igual que los defensores de derechos humanos, requieren protección especial del Estado.
Los relatores Frank La Rue y Catalina Botero, en su visita al Distrito Federal, Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y México, recabaron información sobre las zonas donde el crimen organizado obliga a la prensa a censurarse, la violencia tiene paralizada a la gente y las procuradurías de Justicia no investigan los crímenes cometidos contra el gremio y alientan, de esa manera, a que se cometan más ataques.
"La violencia contra periodistas en México es alarmante y tiende a intensificarse... en algunos estados con una fuerte presencia del crimen organizado, la autocensura ha alcanzado niveles tan dramáticos que la prensa local se ha visto obligada a silenciarse", señala el informe.
Fuente: www.reforma.com