lunes, 13 de septiembre de 2010

Propone Colombia desclasificar información secreta tras espionaje

Bogotá, Colombia, septiembre 13.- El ministro colombiano del Interior y Justicia, Germán Vargas, propuso hoy desclasificar la información secreta que manejan los órganos de inteligencia, tras el espionaje hecho a los jueces, prensa y opositores.
"Mucho le serviría a este país la desclasificación secreta que por tanto años han manejado las autoridades. Creo que eso contribuiría a aclarar muchos hechos de lo que sucedió en el pasado en Colombia", dijo.
Vargas aludía a grabaciones conocidas la víspera, sobre el espionaje a jueces, periodistas y líderes políticos, que hizo el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)-Policía secreta, en los últimos años.
El ministro lamentó que, incluso, él mismo haya sido sometido a un seguimiento permanente, pese a formar parte de la coalición de gobierno que llevó al poder al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.
Celebró que las investigaciones de la Fiscalía para establecer responsabilidades "vayan por buen camino" y confió en que "conduzcan a condenas ejemplares para sentar un precedente" en Colombia.
Informó que además de la desclasificación de información secreta, insistirá, en el marco de las reformas judiciales que discutirá la mesa de concertación, en la necesidad de eliminar el DAS.
Afirmó que "un organismo de inteligencia es necesario para el Estado", siempre y cuando cumpla funciones orientadas a la persecución del delito y "no a labores que se asimilan a las de una policía política".
Según Vargas, el espionaje denunciado por medios de prensa, "no es excepcional y prueba aún más que en este país tenemos que avanzar y estamos en eso para garantizar el derecho a la intimidad".
Por ello, anticipó a periodistas que espera conversar con el presidente Juan Manuel Santos sobre la posibilidad de desclasificar información secreta que por muchos años han manejado las autoridades colombianas.
El anuncio lo hizo el ministro, en la antesala de la entrada en funcionamiento de la mesa de concertación -integrada por las cortes, los partidos políticos y académicos- para evaluar reformas al sistema judicial.