SALTILLO, México, octubre 04.- Ejercer el periodismo en México se ha convertido, como lo demuestran todas las estadísticas, en un oficio sumamente peligroso. Ser periodista en este país entraña hoy un riesgo mayor, incluso, que aquel al cual se encuentran expuestos los corresponsales de guerra.
Por ello, los medios de comunicación mexicanos, así como las distintas organizaciones internacionales a través de las cuales se encuentran agrupados los periodistas, y diversos organismos multilaterales, han urgido al gobierno mexicano a ofrecer garantías para el ejercicio de la libertad de expresión.En respuesta a dicha demanda, durante una reciente reunión con miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité para la Protección de Periodistas, en la Ciudad de México, el Presidente de la República comprometió el apoyo del Estado Mexicano para instrumentar una serie de medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores de medios.
Han transcurrido menos de dos semanas desde la citada reunión y la evidencia de que la instrumentación de las medidas propuestas no puede esperar está -por enésima ocasión- a la vista: el periódico El Debate, de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fue atacado ayer por un grupo de desconocidos que dispararon contra sus instalaciones con armas de grueso calibre.
Como el resto de los ataques sufridos por medios de comunicación en el país, el perpetrado ayer contra El Debate tiene un sólo propósito: secuestrar la línea editorial para ponerla al servicio de intereses criminales.
En otras palabras, el atentado se inscribe en la estrategia seguida por diversos grupos del crimen organizado, que actúan en el territorio nacional, para imponer sus intereses a los criterios editoriales y, merced a ello, decidir qué se publica y qué no a través de los medios.
Como se ha señalado reiteradamente, permitir que ello ocurra equivale a entregar a los delincuentes uno de los activos más preciados de toda sociedad democrática: la libertad de expresión.
Porque secuestrar la línea editorial de los medios no solamente atenta contra la actividad de los comunicadores, sino contra los intereses colectivos, pues se estaría impidiendo que los ciudadanos conozcan los hechos relevantes que ocurren en su comunidad y, con base en dicha información, tomen decisiones.
Así pues, ofrecer garantías para el ejercicio del periodismo sin restricciones implica un acto de defensa de las libertades. Implica, para el Estado, cumplir con la responsabilidad que tiene de proteger los intereses de la sociedad.
Por ello es inadmisible que atentados como el perpetrado ayer en contra de El Debate sigan ocurriendo. Por ello es imprescindible que el Estado Mexicano instrumente, con la mayor celeridad, las medidas ofrecidas para que el ejercicio del periodismo deje de ser en México una de las profesiones más peligrosas.
Fuente: www.vanguardia.com.mx