Gran Angular
Raúl Rodríguez Cortés
MÉXICO, septiembre 22.- Del hoy muy comentado editorial de El Diario, de Juárez, publicado el sábado 18 de septiembre pasado a propósito del asesinato de su fotógrafo Luis Carlos Santiago ocurrido el anterior jueves 16 de septiembre —segundo homicidio que recae en personal de ese rotativo en menos de dos años, pues su reportero de policía Armando Rodríguez Carreón ya había sido ejecutado en noviembre de 2008— es preciso destacar algunos de los puntos que lo convirtieron en reflexión imprescindible llena de angustia y desesperación.1. El título y sus destinatarios en formato epistolar: "¿Qué quieren de nosotros?", cuestiona el encabezado a "las diferentes organizaciones (delincuenciales, claro está) que se disputan la plaza de Juárez".
2. Un llamado desesperado a quienes El Diario considera son en este momento las "autoridades de facto" en la ciudad: "Queremos que expliquen... qué es lo que pretenden que publiquemos o dejemos de publicar para saber a qué atenernos", "qué es lo que esperan de nosotros como medio" sin que esto sea "una rendición", sino "una tregua para con quienes han impuesto la fuerza de su ley en esta ciudad, con tal de que respeten la vida de quienes nos dedicamos al oficio de informar".
3. Un aserto contundente: hay "un vacío del poder que respiramos los chihuahuenses en general".
4. Una historia que el editorial considera "bien conocida": "el primer mandatario, para conseguir la legitimación que no obtuvo en las urnas, se metió —sin una estrategia adecuada— a una guerra contra el crimen organizado sin conocer además las dimensiones del enemigo ni las consecuencias que esta confrontación podría traer al país".
Y 5. Una especie de amenaza que plantea una dramática interrogación: "¿A quién exigimos justicia? y un argumento: "Es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que sienten todos los sectores, que no sería descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente duelan a quienes tienen la obligación de hacer más para salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país".
El vocero del gobierno federal en materia de seguridad, Alejandro Poiré, reaccionó muy airado al atribuir a motivos personales la ejecución del fotógrafo, lo que podría ser cierto, pero que tiene la obligación de probar exhaustivamente. Parece que el vocero no aprendió de aquel garrafal error de Calderón cuando en febrero pasado, después de la masacre de jóvenes que celebraban en una fiesta privada un triunfo deportivo ahí mismo en Juárez, dijo que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas criminales; o de la declaración de autoridades locales y federales que calificaron de delincuentes a los dos estudiantes de postgrado del Tec de Monterrey, muertos al mes siguiente en un enfrentamiento entre militares y sicarios.
Pero no conforme con atribuir el crimen a motivos personales, Poiré regañó a los editores de El Diario porque "no cabe en modo alguno, por parte de ningún actor, el pactar, promover una tregua o negociar con los criminales", cuando lo que más caló, a no dudarlo, fue lo de las "autoridades de facto" y el vacío de poder que se le achaca a las autoridades de los tres niveles, el temido Estado fallido. No pactar con criminales podría ser lo ética y políticamente correcto, pero no cuando está en riesgo inminente tu vida y la de los tuyos. Claro, las cosas no las ven igual quienes todos los días salen a jugarse la existencia y quienes como Poiré son protegidos por enormes aparatos de seguridad y, de ribete, como lo informaba ayer Reforma, reciben bonos mensuales por "riesgos de trabajo".
Sí, los altos funcionarios del gobierno (el Presidente, nueve secretarios de Estado, 27 subsecretarios, 340 oficiales mayores y directores, 16 generales de división, 46 generales de brigada, 339 generales brigadieres, 25 almirantes, 78 vicealmirantes y otros 118 mandos de las Fuerzas Armadas reciben este año bonos mensuales por el referido concepto que van de 27 mil a 48 mil pesos y que totalizarán una partida de 383.4 millones de pesos. El gobierno ya planteó en el proyecto de presupuesto 2011 que esos recursos aumenten 34% el año próximo para totalizar más de 500 millones de pesos. Pues así sí, para qué acabar con la inseguridad.
Fuente: www.eluniversal.com.mx