Actitudes
Jose Santiago Healy
MÉXICO, septiembre 23.- La ola de crímenes de periodistas en México ha llegado a un nivel extremo que amenaza peligrosamente la libertad de expresión y la vida democrática del país entero.
El asesinato del fotoreportero de El Diario de Juárez, Luis Carlos Santiago Orozco, y el posterior editorial del mismo periódico, desató una enorme discusión sobre los avances del narco y la falta de garantías para los medios de comunicación mexicanos. En el fondo la interrogante no es cuanta libertad de expresión hay en México, sino cuando las autoridades, organismos y ciudadanos en general, se darán cuenta del enorme riesgo que conlleva entregar al crimen organizado el control de la información.
De entrada hay que reconocer que la libertad de prensa está seriamente vulnerada y que no se puede hablar de ella en tanto los periodistas y los directivos de medios vivan bajo la amenaza de ser asesinados por lo que publican o lo que dejan de publicar.
Los Zetas en Tamaulipas, el Cártel en Sinaloa, La Línea en Ciudad Juárez y La Familia en Michoacán, son algunos de los grupos criminales más notorios que controlan de facto la información y que actúan sin misericordia cuando alguien no responde a sus intereses.
Así ocurrió la semana pasada con Luis Carlos y lo mismo ha sucedido con más de sesenta periodistas asesinados o desaparecidos por los narcotraficantes en la última década.
La situación se complica todavía más por la apatía del gobierno federal y la incomprensión de la ciudadanía en este asunto que debería unir a todos en un frente común.
En los países desarrollados la muerte violenta de un comunicador -sea blanco, negro, pobre, adinerado, de izquierda o de derecha- levanta una ola de indignación general y una firme exigencia hacia la autoridad para esclarecer el crimen.
En cambio en México, el asesinato de un periodista genera las más disímbolas versiones, muchas de ellas llevan el ánimo de minimizar el incidente o de cuestionar la reputación del asesinado.
¿Les parece sensato que el vocero federal de seguridad, Alejandro Poiré, declare a unas horas del crimen que la muerte de Santiago Orozco obedeció a un asunto de índole personal y no a su trabajo profesional?
Obviamente el señor Poiré no estudió leyes ni tampoco conoce la historia de la justicia de México en donde los dictámenes al vapor se pagan muy caro como ocurrió en la muerte de Paulette Gebara, por citar uno de los casos más recientes.
Un amplio sector de la ciudadanía tampoco comprende la urgencia de esclarecer los crímenes de periodistas en México y de castigar a sus autores con todo el peso de la ley. No se trata de darles canonjías ni privilegios, sino defender la trascendente labor que realizan los comunicadores para una sociedad como es informar de manera oportuna, veraz y sin cortapisas.
En un país sin libertad de expresión no puede existir un desarrollo armónico de la sociedad.
Así pasó con la Unión Soviética y sucede hoy en día con Cuba y Venezuela. Muchos han olvidado los terribles efectos de la cerrazón que vivió México durante el dominio priista.
Los mexicanos comenzamos a disfrutar la libertad de expresión a partir de 1994 lo que contribuyó a los cambios democráticos y económicos. Pero hoy en día la ola de violencia ha puesto en jaque esta incipiente libertad con repercusiones por demás impredecibles para el país.
En Colombia la mafia se apoderó del poder político y a punto estuvo de controlar los medios informativos. En México no estamos lejos de que se repita esta amarga realidad a pesar de las voces triunfalistas que pregonan la caída del narco.
Que se extinga paulatinamente la era de libertades que apenas iniciaba, especialmente en regiones vigorosas políticamente como Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Sonora, Durango, Coahuila y Sinaloa, podría significar el fin de la democracia y el retorno a los tiempos del México autoritario y opresor que ya dábamos por superado.